Esta semana, el español Antonio R.C., quien divulgó correos electrónicos íntimos de un compañero de trabajo, fue sentenciado por un tribunal de Barcelona a dos años de cárcel por el delito de revelación de secretos de la vida íntima, según la agencia Efe.
Entre tanto, el neoyorquino Anton Dunn, quien difundió en YouTube videos en los que aseguraba haber envenenado millones de frascos de alimento para bebé de una conocida marca, fue detenido por orden de un fiscal de Nueva York; aunque al parecer su afirmación no es cierta, Dunn, de 42 años, podría enfrentar una pena de 10 años de cárcel por amenazas al comercio interestatal, según CBS News.
Estos son los casos más recientes -pero no los únicos- de personas que terminan en líos con la justicia por cuenta de este tipo de acciones, que se amparan en el anonimato que ofrecen los servicios de Internet.
Hasta hace poco las autoridades se habían dedicado a buscar criminales verdaderos en la Web. Personas que se dedican a publicar imágenes y videos de menores de edad en situaciones sexuales (casos de pedofilia y prostitución infantil), estafadores reconocidos o ladrones de dinero en línea. Pero amparados en nuevas legislaciones o interpretaciones de leyes existentes, las autoridades ahora están en capacidad de detener y condenar a personas por actuaciones que antes parecían faltas menores.
Y es que, tal y como sucede en el mundo real, lo que se hace en Internet puede llegar a tener consecuencias trágicas. A mediados de junio, por ejemplo, se inició en Los Ángeles (E.U.) un juicio contra Lori Drew, una mujer de 49 años a la que se acusa de causar el suicidio de Megan Meier, una niña de 13 años que era su vecina.
Haciéndose pasar por un joven de 16 años en la red social MySpace, Drew enamoró por Internet a la niña, quien se ahorcó en el closet de su habitación luego de recibir de su inexistente novio mensajes en los que la maltrataba y le decía que el mundo sería un mejor lugar sin ella. La motivación de Drew era vengarse de Meier por una pelea que había tenido con su hija adolescente.
Aunque al principio se pensó que Drew no podía ser juzgada, porque no era claro cuál era su delito, un juez de Los Ángeles decidió acusarla de los cargos de conspiración y acceso no autorizado a computadores para conseguir información con el fin de causar daño emocional.
Y es que estas acciones pueden llegar a producir mucho daño. En Colombia es famoso el caso del correo enviado en 1999 por un ingeniero de sistemas de Buenaventura (detenido posteriormente), en el que alertaba sobre una posible intervención de Davivienda por parte del Gobierno; el pánico que generó produjo el retiro de 34.000 millones de pesos en 24 horas."
Articulo anterior tomado de la Revista Enter
Internet es lo mejor, pero será aún mejor si en nuestros países se intensifican las condenas para los criminales ciberneticos.
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